El Consell de Mallorca, con los votos de PP y UM, inició ayer el trámite administrativo que culminará con la construcción de la autovía entre Inca y Manacor y la ampliación de la autopista de Inca con un tercer carril. La aprobación se produjo en medio de protestas de un centenar de manifestantes -entre ellos el alcalde de Sineu, el miembro de UM Josep Oliver-, que se concentraron a las puertas de la institución para protestar por este proyecto, así como por la construcción del segundo cinturón.
Los manifestantes corearon consignas en contra de los responsables de PP y UM y, en algunos momentos, dificultaron la entrada de los consellers y altos cargos de UM a la sede de la institución. El director general de Residus, Guillem Riera, recibió algunas patadas de los manifestantes cuando intentaba acceder al edificio, por lo que la presidenta del Consell, Maria Antònia Munar, pidió a la Policía que sólo permitiera la entrada de algunos representantes de la plataforma, con el fin de evitar posibles altercados en el salón de plenos.
Esta decisión de la presidenta molestó profundamente a todos los partidos de la oposición, que consideraron que se trataba de un ataque a la democracia y al derecho que tienen los ciudadanos de asistir a las sesiones plenarias. El PSOE denunció el uso «exagerado» de las fuerzas de seguridad y EU-Els Verds calificó de «dictatorial» la actitud de la presidenta. La formación Sineurs Independents anunció que presentará una moción para declarar a Munar persona non grata.