La modificación de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) para poder construir un campo de polo en Campos ha desatado una auténtica batalla política y jurídica. En pleno debate de la reforma de las DOT, el diputado socialista Francesc Quetglas advirtió al nuevo Govern que los promotores de dicho campo de polo ya habían sido indemnizados. Quetglas acusó a los populares de reformar una ley para poder así «regalar una urbanización que ya ha sido indemnizada». La consellera Mabel Cabrer anunció que reclamará un informe jurídico para conocer las consecuencias del pago de dicha indemnización.
Este caso pone en evidencia muchas cosas. Por una parte, ha quedado demostrado que no todos los acuerdos del Consell de Govern se hacen públicos, lo que deja a los ciudadanos en una situación de franca indefensión, a la par que arroja dudas sobre si fue éste el único acuerdo de entidad del que no se informó o si existen otras decisiones secretas que nunca se conocerán. El anterior Ejecutivo debería explicar por qué no informó en su momento de un acuerdo tomado en una materia tan sensible como es la ordenación del territorio. También es discutible la forma de actuar del ex conseller Quetglas, al difundir ahora unos documentos que escondió en su momento.
En tercer lugar, es indiscutible que el Govern Matas ha sido pillado en un claro fuera de juego. En casi cien días, el nuevo Ejecutivo, con todo su equipo de asesores, ha tenido tiempo más que suficiente pare revisar los últimos acuerdos tomados por el Ejecutivo saliente. ¿Acaso no obra en el departamento correspondiente un expediente sobre el proyecto del campo de polo con los informes de los funcionaros que tramitaron el asunto?
Ahora llegan los lamentos, las dudas y las críticas políticas, pero no parece que esta indemnización -que sólo se pagó por el coste del proyecto- vaya a frenar la propuesta electoral del PP de permitir la construcción del campo de polo.