La Fiscalía de Palma ha presentado una denuncia contra la empresa municipal Emaya por arrojar aguas residuales sin depurar en la bahía de la zona Ciutat Jardí, en la barriada del Coll d'en Rabassa. La denuncia, que ha sido presentada en los juzgados de Palma, la firma el fiscal Adrián Salazar, responsable del área de Medio Ambiente. El pasado mes de abril el fiscal recibió una denuncia que le presentó Pere Muñoz, el candidato a la Alcaldía de Palma en representación del PSM. Le denunciaba que en los últimos meses la empresa municipal, que en aquel entonces presidía Maria Crespo, estaba arrojando al mar aguas contaminadas que previamente habían pasado por la depuradora, que está situada junto al Camí Fondo. La denuncia iba adjuntada con una serie de vídeos submarinos y fotografías que eran el resultado de una investigación que se había prolongado durante quince meses, en los que, según la agrupación nacionalista, demostraba que el agua que salía del emisario submarino del Torrent Gross se arrojaba al mar sin recibir el mínimo tratamiento por la depuradora de Palma.
Otra de las pruebas que se aportó junto a las fotografías y a los vídeos fue una serie de analíticas de aguas recogidas en la zona de Ciutat Jardí. Según la normativa la cantidad máxima de coliformes fecales que se pueden arrojar al mar es de dos mil, si bien los análisis demostraban que en esa zona la cifra alcanzaba los 4.800. El PSM entendió, en base a estas pruebas científicas, que Emaya podría estar cometiendo un delito ecológico al arrojar al mar agua en malas condiciones, que podrían estar causando graves problemas al ecosistema de esta zona de la bahía de Palma.
El fiscal Adrián Salazar ha estudiado durante varios meses la documentación y las pruebas que le adjuntaron en la denuncia. El responsable del área de Medio Ambiente, que se encarga de la persecución de los delitos, considera que se debe realizar una investigación para comprobar si las aguas que se vierten al mar y que pasan antes por la depuradora de Palma están contaminadas. Por ello, a finales de la pasada semana la Fiscalía presentó formalmente una denuncia en el decanato del juzgado de Palma. Este caso tendrá que sortearse para determinar a qué juzgado le corresponde llevar la instrucción. El fiscal, al margen de las pruebas analíticas que ya tiene en su poder y que le adjuntaron en la denuncia, pretende que el juzgado también ordene que se practiquen las correspondientes pruebas al respecto. Entre otras pruebas pedirá nuevas analíticas de las aguas que pasan al mar a través del Torrent Gross para comprobar la cantidad de coliformes fecales. En su denuncia, el PSM calculó que anualmente la empresa municipal Emaya estaba arrojando catorce millones de litros cúbicos de agua sin depurar a través de este sistema.