«Es evidente que hay casos manifiestos de abusos por parte de algunos inquilinos, que no abonan las cantidades mensuales estipuladas con el propietario. Para evitar que se produzcan situaciones como esas, los jueces nos hemos reunidos para unificar criterios de actuación», explicó. Los 17 jueces de Primera Instancia debatieron el nuevo marco legal, que ha reducido de cuatro a dos meses el plazo que debe esperar un propietario desde el requerimiento del pago del alquiler hasta la interposición de una demanda contra el inquilino moroso. La notificación de esa demanda, según el proyecto de ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, podrá entregarse en el domicilio de cualquier empleado o familiar mayor de 14 años que se encuentre en el lugar. o al concerje de la finca si la hay, con la advertencia de que está obligado a entregársela al destinatario o darle aviso si sabe de su paradero.
La novedad en el nuevo texto legal es que se permite que el propietario asuma el compromiso de condonar la deuda del inmquilino bajo la condición de que abandone el piso en una plazo determinado, que no podrá ser inferior a un mes desde que se notifique la demanda. De no comparecer en la vista, se declarará el desahucio sin más trámites; el tribunal, una vez analizadas las pruebas y as alegaciones, deberá dictar sentencia en un plazo de diez días, aunque en los juicios verbales de desahucio la sentencia se dictará en cinco días. Los expertos del sector estiman que esas medidas permitirán abreviar los desahucios con lo que las viviendas quedarán antes antes desocupadas y enriquecerán la oferta de alquileres, que en la actualidad resulta insuficiente debido a que los propietarios prefieren tener sus viviendas vacías en lugar de cederlas en arrendamiento sin unas sólidas garantías legales de recuperación.
Según los Administradores de Fincas, el parque de viviendas en alquiler en las Illes Balears se sitúa, aproximadamente, entre las 25.000 y 30.000, pero desde diversos sectores se afirma que en las Islas «no existe cultura de alquiler». Esa opinión es compartida por varias asociaciones de consumidores y de jóvenes de Balears, que han puesto de manifiesto la «absoluta carencia» de viviendas en alquiler en las Islas. Los propietarios, por su parte, afirman que en muchas ocasiones prefieren «tener cerrado el piso» antes de que éste sea alquilado por morosos, situación que les causa graves perjuicios debido a la lentitud con la que actúa la Justicia.