La decisión del presidente argentino, Néstor Kirchner, de derogar la disposición que impedía a los jueces iniciar los trámites de extradición de los militares acusados ante tribunales extranjeros no tan sólo es de toda justicia sino que supone un paso más en el retorno de Argentina a la normalidad.
Es evidente que la sociedad argentina se debía a sí misma algún tipo de reparación después de la «prodigalidad» de los indultos de Menem, o de la aplicación de leyes como la de Punto Final. Y al conceder la posibilidad de que sean juzgados en el exterior quienes están acusados de cometer delitos contra los derechos humanos bajo la dictadura, el Gobierno argentino se honra a sí y a su pueblo, y a la vez demuestra estar en sintonía con el mismo, algo que hacía mucho tiempo que no ocurría.
Todas las encuestas llevadas a cabo tras la decisión de Kirchner ponen de relieve que la mayoría de argentinos no sólo están de acuerdo con ella, sino que son partidarios de revisar la actuación de los militares en ese período negro de su pasado, al juzgar que quedan todavía muchas cuestiones pendientes.
La lucha contra la impunidad, en cualquiera de sus formas, se ha recrudecido ahora en Argentina al amparo de un momento histórico en el que cada vez son más en todo el mundo los que creen que si la injusticia no conoce fronteras, la justicia no tiene por qué detenerse ante ellas. Sólo así, los responsables de tantas atrocidades que han marcado la vida de una generación de argentinos se verán obligados a enfrentarse a la ley con todas sus consecuencias.