Las viviendas vacacionales que ya operan en la actualidad en Balears, unas 700 legales, según las estimaciones del Govern, deberán someterse a un estricto plan de modernización para quedar inscritas en el registro de la Conselleria de Turisme. Es una de las condiciones que establece el anteproyecto de ley de viviendas vacacionales, al que ha tenido acceso este periódico. El documento recoge además una serie de condiciones que deben cumplir de forma indispensable las viviendas para conseguir la autorización de Turisme.
Según se fija en el texto, para quedar inscritas en este registro que creará Turisme, el empresario turístico que comercialice la vivienda deberá depositar un aval en la Conselleria que va de 90.000 a 350.000 euros en función del número de viviendas de este tipo que quiera comercializar.
El texto legal establece un amplio apartado de derechos y obligaciones del empresario turístico, así como del usuario de las viviendas. También fija la obligación de que los touroperadores contraten exclusivamente con las empresas turísticas que cumplan los requisitos marcados por la ley.