El informe que los juristas del Govern han preparado por encargo de la vicepresidenta Rosa Estaràs para determinar el momento en que el Ejecutivo de Antich entró en funciones, considera que una interpretación literal una ley del anterior equipo de gobierno «conduce al absurdo» y que está claro que las elecciones del 25 de mayo determinaron el cese del Ejecutivo del Pacte. Este informe -redactado por José María Fiol y José Ramón Ahicart, adjuntos al jefe del Departamento Jurídico, que próximamente dejará el cargo- establece que «en el caso de celebración de elecciones al Parlament, el cese del Govern se produce automáticamente desde el momento en que éstas elecciones se hayan llevado a cabo con lo que, a partir de ese momento, el Govern queda en funciones».
De acuerdo a este informe (solicitado para suspender cautelarmente y revisar luego los acuerdos de dos reuniones de gobierno celebradas tras el 25-M) «una interpretación literalista» de la Ley del Govern de marzo de 2001 «llevaría al absurdo de que el Govern sólo sería provisional, en funciones, durante un lapso temporal imaginario e inexistente porque desde el momento en que su presidente deja de serlo, su Govern deja de serlo de forma simultánea».
Los juristas del Ejecutivo de Matas consideran «equívoca» esta ley que establece que el president cesa con la investidura de su sustituto y que sus consellers quedan en funciones hasta la toma de posesión del siguiente. Acogiéndose al Estatut de Autonomía, señalan que el Govern (formado por el presidente y los consellers) cesó tras las elecciones y que desde entonces estaba ya en funciones y que no podía adoptar, «salvo supuestos debidamente justificados de urgente necesidad, decisiones que excedan de la gestión ordinaria». Pero en una de sus útimas reuniones se aprobaron partidas millonarias para empresas públicas.