El Institut d'Estudis Ecològics (Inese), presidido por Mateu Picornell, ha mandado sendos escritos a Cort y al Consell, en donde expone su oposición a que se lleve a cabo una de las posibles opciomes que se barajan en estos momentos para solucionar el problema de los «rent a car» ubicados de manera ilegal en suelo rústico -en Son Fangos-. El pasado mes de junio, Cort, tras una entrevista con los representantes de la patronal Transcar, indicó que estudiaría una modificación del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Palma para que el suelo rústico de Son Fangos pasase a ser suelo urbano y permitiese ya, por tanto, el almacenamiento de los vehículos de alquiler allí. Esta solución tendría que contar también con el beneplácito del Consell de Mallorca.
En su escrito, Picornell recuerda que «una de las labores de trabajo más importantes del Inese es el estudio, el análisis, la evaluación y también el cuidado y gestión del desarrollo de los espacios de destino turístico en Balears», destaca, y añade que en la actualidad el instituto está realizando «un estudio integral y completo» de toda la Platja de Palma como zona piloto para potenciar un futuro turismo de calidad. El instituto considera que sería «un gran error» buscar la solución del problema de los «rent a car» en Son Fangos, porque perjudicaría «la calidad del desarrollo turístico de la zona» y porque significaría modificar «la legislación de los actuales instrumentos de ordenación y planificación turística». Una solución viable sería crear en otros espacios polígonos de servicios.Picornell también critica otros negocios que hay en suelo rústico, como por ejemplo de venta de coches de segunda mano o de materiales de construcción, «y todo ello añadido a un gran número de vertederos ilegales». Para el Inese, el Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística (POOT) impide cualquier tipo de actuación en la Platja de Palma en el sentido que desearía Transcar. «El artículo 10.2 establece que no puede haber incremento físico de suelo urbano o urbanizable dentro del perímetro de delimitación de cada zona turística», destaca. Por último, solicita que «por ningún motivo se destinen los citados espacios a otros usos que no sean los que hay previstos según la actual legislación vigente», concluye.