El Gobierno español no tan sólo suscribió el protocolo de Kioto sino que desde entonces ha venido siendo uno de sus más acérrimos defensores. Y, no obstante, se da la paradoja de que es precisamente nuestro país el que más lo incumple en materia de emisión de gases causantes del efecto invernadero. Durante el pasado año, las emisiones volvieron a dispararse con un aumento del 4,54% respecto a 2001, lo que supone un incremento del 38% en relación al año 1990. Es decir, que, en lugar de aproximarnos al límite fijado por el protocolo de Kioto, nos alejamos sensiblemente de él, lo que resulta especialmente grave si tenemos en cuenta que los topes establecidos en Kioto deberán cumplirse a rajatabla en el cuatrienio 2004-2008.
Todo ello pone de relieve la ineficacia y falta de previsión gubernamental en lo que concierne a medio ambiente. Aquí falta un plan serio y también, muy posiblemente, interés a la hora de aplicarlo. El problema, en su doble vertiente, es más delicado de lo que parece. Por un lado, tenemos la siempre preocupante agresión medioambiental originada por el exceso de emisión. Pero a ella hay que añadir las desastrosas consecuencias que en lo económico traerá esta mala política. Nos referimos a las multimillonarias facturas que tanto la Administración como las empresas españolas tendrán que pagar -puesto que así está estipulado- a la comunidad internacional en concepto de compra de derechos de emisión, y a las multas que se nos impondrán por el incumplimiento de lo suscrito. Para vergüenza de todos, España es en este momento el país desarrollado que más está aumentando sus emisiones de gases. Algo que, entre otras cosas, prueba la preocupante incompetencia de un Ministerio de Ambiente desde el que todavía se sigue hablando de un plan de ahorro energético que llegará tarde y mal.