El Govern balear ha decidido suprimir el cargo de interventor de la Comunitat y repartir sus funciones fiscalizadoras entre las direcciones generales dependientes de la Conselleria d'Hisenda. La supresión de este cargo, el puesto mejor pagado de la Comunitat, junto con la desaparición de la Conselleria de Benestar Social y la reducción de los asesores de libre designación, supondrá de momento un ahorro para las arcas de la Comunitat de 200.000 euros al año, según confirmó ayer Joan Flaquer, portavoz del Govern, al témino del Consell de Govern extraordinario convocado para tratar de cerrar el organigrama del Ejecutivo.
Flaquer señaló que este ahorro aumentará conforme se vayan perfilando las posibles supresiones del segundo nivel de mando, es decir, de las direcciones generales. Por el momento, el Govern ha suprimido cinco de estos cargos -Mobilitat, Programació i Ordenació Econòmica, Recaptació, Intervenció General y la Secretaria General de la Conselleria d'Innovació-, y ha creado tres nuevas direcciones generales: Emergències, Caça, y Tributs.
Con respecto a la primera de ellas, la de Emergèncias, que dirigirá Joan Pol, el conseller d'Interior, José María Rodríguez, explicó que se crea con la intención de coordinar e impulsar las políticas de emergencia dado que en estos momentos las competencias están muy repartidas. Anunció que su intención es crear protocolos de colaboración con las policías locales de las Islas y con todas aquellas administraciones implicadas en el asunto.
La Direcció General de Caça, Protecció d'Espècies i Educació Ambiental estará dirigida por Antonio Gómez. El conseller de Medi Ambient, Jaume Font, afirmó que esta dirección no pretende entrar en conflicto con el Consell de Mallorca ya que el Govern, como titular único de competencias en la materia, quiere llegar a acuerdos de colaboración con la Oficina de Caza de la institución insular. «No queremos enfrentamientos con el Consell, sino coordinarnos con sus responsables para que haya más apoyo al sector», dijo Font, quien lamentó que en los últimos años se haya demonizado la figura del cazador.
Otra decisión tomada por el Consell de Govern fue la supresión de la Direcció General de Serveis Jurídics, que el mismo PP había creado. Flaquer aseguró que el Ejecutivo quiere modernizar y profesionalizar este servicio y «despolitizarlo al máximo». Con esta intención, el Govern convocará un concurso entre los funcionarios para designar al jefe de los servicios jurídicos, departamento que quedará dividido en cinco áreas diferentes.
Flaquer aseguró que tanto el director general d'Esports, Pepote Ballester, como el futuro presidente de la Autoritat Portuària, Joan Verger, quedarán sujetos al régimen de incompatibilidades que marca la Ley para los altos cargos ejecutivos. Esta ley afecta a Ballester dado que en la actualidad es asesor deportivo del Ajuntament de Palma.
Por otra parte, Joan Bauzà será asesor de Eduard Gamero.