Uno de los puntos más importantes del pleno celebrado ayer, el primero presidido por la nueva alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, fue el de la designación de los representantes de Cort en los distintos consorcios y fundaciones en los que participa el Consistorio, como por ejemplo la Fundació Pilar i Joan Miró o el Consorci del Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma. Los portavoces de la oposición, Antoni Roig, por el PSIB-PSOE; Eberhard Grosske, por EU-EV; y Pere Muñoz por el PSM-EN, pidieron a Cirer que dichos consorcios cuenten con una mayor pluralidad en su composición, que incluya a representantes de la oposición y de entidades ciudadanas. Cirer señaló que si bien era necesario que ayer quedasen designados ya los nuevos representantes de Cort en los consorcios, se comprometía a debatir en breve con toda la oposición la posibilidad de que cambie la composición de algunos de los integrantes, y que se busquen candidatos de consenso que puedan contar con el beneplácito de todos los grupos.
El pleno de ayer se inició con la constitución de las juntas generales de las empresas municipales, el nombramiento de sus consejos de administración y la presentación de sus cuentas anuales en el ejercicio 2002, en concreto, de la Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram (Emaya), la Empresa Funerària Municipal (EFM), la Societat Municipal d'Aparcaments de Palma (SMAP), la Societat Municipal d'Actuacions Urbanístiques (SMAU), la Empresa Municipal de Transports (EMT), así como la junta general de la Empresa Municipal d'Informàtica, en liquidación. Cabe recordar que Emaya fue la única empresa municipal del Ajuntament de Palma que obtuvo beneficios en el año 2002.El resultado de las distintas votaciones fue idéntico en todos los casos. El PP votó a favor, EU-EV y el PSM-EN se abstuvieron, y el PSIB-PSOE votó en contra. Los rojiverdes y los nacionalistas justificaron su voto señalando que, pese a no estar de acuerdo en puntos concretos de la gestión en las diferentes empresas municipales, era necesario dar un margen de confianza al nuevo equipo de gobierno, que no era responsable de los resultados económicos de dichas empresas en 2002. Los concejales del PSIB-PSOE defendieron su posición indicando que si bien tampoco hacían responsable de los resultados de las empresas municipales al nuevo equipo de gobierno, la gestión había sido «mala» en todas ellas.