El presidente del Gobierno, José María Aznar, advertía ayer que van a perder quienes pretendan echar un pulso al Estado, refiriéndose al conflicto desatado entre la Cámara vasca y el Tribunal Supremo, después de las resoluciones de este último a raíz de todo el asunto de la orden de disolución del grupo Sozialista Abertzaleak, heredero de Batasuna, disolución rechazada por el presidente del Parlamento, Juan María Atutxa, y los integrantes de la Mesa de Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida.
Este espinoso asunto va mucho más allá de un simple conflicto de competencias entre instituciones. Desde la Cámara vasca, los nacionalistas consideran que ningún organismo puede ir contra la misma por lo que respecta a su reglamento. Esto es una falacia porque los legisladores también deben estar sujetos a lo que dictan los organismos judiciales pertinentes.
Si una resolución del Tribunal Supremo deja de cumplirse por razones políticas, muchos son los ciudadanos que podrían recriminar a las autoridades un doble rasero en la aplicación de la Justicia, con toda la gravedad que ello lleva implícito.
Ahora bien, tampoco es bueno que desde el Gobierno de Aznar se lancen mensajes amenazantes. Esta creciente tensión no hace sino empeorar las de por sí deterioradas relaciones entre los nacionalistas y los llamados constitucionalistas. Ya va siendo ahora de que todas las fuerzas políticas se sienten a hablar del asunto vasco sin establecer barreras insalvables desde el primer momento. El diálogo es, en estos momentos, fundamental. Cierto es que las leyes pueden ser modificadas e incluso derogadas, pero mientras están en vigor, todos debemos cumplirlas seamos parlamentarios o simples ciudadanos.