El PP denunció ayer que la última reunión del Govern de Antich haya autorizado el incremento de la deuda de algunas empresas públicas, además de comprometer el pago de convenios y la aprobación de contratos millonarios. En total, según la diputada Mabel Cabrer, el Govern de Antich aprovechó su última reunión antes del traspaso de poderes para comprometer gastos por un valor de 101'7 millones de euros (16.921 millones de pesetas). «Es escandaloso que un Govern en funciones como el actual, que no volverá a gobernar después de las elecciones, actúe como si fuera un Ejecutivo normal en lugar de limitarse a aprobar iniciativas de trámite; ha sido un ejemplo de un Govern sectario», acusó Cabrer.
Entre algunos de los acuerdos, el Govern permite a la empresa pública Ibasan que incremente en 24 millones su endeudamiento, y el Ejecutivo compromete el pago de 2 millones para que se desarrolle un convenio entre el Consell de Menorca y el Ajuntament de Maó que concluirá en el año 2020. La empresa pública Parc BIT también recibirá una inyección económica de 7'4 millones de euros a través de una autorización de deuda, y Serveis Ferroviaris de Mallorca ya tiene los permisos necesarios para aumentar su endeudamiento en 51 millones de euros. La empresa pública Ibaen podrá asumir más deuda en el futuro: 12 millones de euros.
La dirigente popular criticó con especial énfasis la decisión del Govern de firmar un convenio con el Consell de Menorca para asuntos relacionados con el transporte público por un valor de 1'8 millones de euros. El Ejecutivo deberá financiar, además, un convenio entre el Consell Insular de Menorca y el Ajuntament de Maó de 2 millones para consolidar los acantilados. «Estos convenios hipotecan los presupuestos de la Comunitat», subrayó Cabrer. La dirigente del PP denunció que entre los acuerdos se incluye la convalidación de una factura de 149.000 euros por unas obras en el polideportivo Prínceps d'Espanya que carecían de expediente administrativo. Según un informe del Govern, que fue difundido por el PP, los funcionarios encargados de tramitar el expediente no realizaron el concurso «por falta de experiencia».
Cabrer prometió que, una vez que el PP regrese al poder, uno de los primeros cometidos será volver atrás algunos de los acuerdos adoptados ayer por el Govern de Antich. «El traspaso no ha sido tan legítimo ni transparente como prometió Antich», lamentó la hipotética nueva consellera del primer gabinete de Matas. Cabrer subrayó que el incremento de deuda de las empresas públicas es especialmente significativo ya que desde hace tiempo el PP denuncia que la situación financiera de estas entidades ha empeorado durante la última legislatura. La dirigente del PP explicó que se puso en contacto con el secretario general técnico de Presidència, Fernando Pozuelo, para pedirle explicaciones por la celebración de este Consell de Govern. El PP creía que el Ejecutivo convocaría una rueda de prensa para explicar las importantes decisiones adoptadas en la última reunión, aunque finalmente desde el Consolat de Mar se decidió no informar a los periodistas. Sí lo hizo el PP después de tener acceso a toda la documentación que se entrega a los integrantes del Govern, que en la reunión de ayer debían aprobar casi 80 puntos del orden del día.