El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, defendió en Palma la petición realizada por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, José María Luzón, para que el alto tribunal asuma las competencias del «caso Formentera». Poco antes de clausurar en el Parlament unas jornadas sobre la protección de menores en España, Cardenal confirmó en una rueda de prensa que fue el órgano que preside, «y no la Fiscalía de Balears», quien tomó la iniciativa de dirigirse al Supremo. «Al hilo de los datos que se van conociendo», explicó, «hay una línea de investigación abierta referida a la comisión de un posible delito cometido en el extranjero, y en ese caso, el órgano competente es el Supremo».
Junto al fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, el fiscal general del Estado se sometió de buena gana a las preguntas de los periodistas, sin rehusar ninguna. Como se sabe, Jesús Cardenal no visitaba la capital balear desde hace más de un año, tras la grave crisis padecida por el Ministerio Fiscal en Balears con la destitución del ex fiscal jefe, Antonio de Vicente Tutor. A partir de ese momento, aplazó todos sus compromisos en Palma, incluida una importante reunión de fiscales de la Unión Europea (Eurojust).
Ayer, explicó, entre otras cuestiones, la mecánica seguida al designar un fiscal-delegado de Balears para investigar los siete procesos penales seguidos contra la alcaldesa en funciones de Calviá, la socialista Margarita Nájera. «Estudiamos un informe que nos remitió el fiscal jefe de Balears y vimos que ante la naturaleza de los supuestos delitos encajaba en las competencias de la Fiscalía Anticorrupción. Nos dirigimos a Carlos Jiménez Villarejo (fiscal jefe anticorrupción) y él estuvo de acuerdo con asumir las causas, siempre y cuando lo fuera a través de un fiscal de Balears», explicó.
Con respecto a las críticas vertidas por el teniente fiscal de Balears, Ladislao Roig, quien calificó el cargo de fiscal general del Estado de «comisario político cercano al estanilismo», Cardenal respondió que no se sentía aludido por esa acusación. «El señor Roig emplea una terminología superada», indicó. También se refirió a una documentación enviada por el grupo parlamentario vasco del PSE-EE, referidas a la sentencia que ordena la disolución de Sozialista Abertzaleak -«la he recibido hoy», señaló- y a la denuncia del PSOE contra los «tránfugas» madrileños Eduardo Tamayo y María Teresa Saez, de la que dijo desconocía su contenido.
Cardenal, poco después, participó, junto a la presidenta del Consell Insular, Maria Antònia Munar, en el cierre de unas jornadas sobre protección de menores, y dijo que el fiscal, en ese ámbito, «es el abogado de oficio de los menores». Margarita Retuerto, Defensora del Paciente de la Comunidad de Madrid, leyó las conclusiones extraidas por los expertos, una de las cuales, incide en la creación de un estatuto procesal específico para el menor-víctima que garantice adecuada protección.
También, los expertos acordaron que el tratamiento procesal del menor-víctima como parte y no como testigo en el procedimiento, «para garantizar el acceso a la asistencia letrada gratuita y su mejor información de todas las actuaciones». Y, finalmente, solicitaron la revisión del tratamiento penal del menor entre los 12 y los 18 años, para reforzar su eficacia educativa.
En el transcurso de las jornadas, el especialista en violencia doméstica infantil y juvenil, el chileno Jorge Barudy, apostó por que los servicios sociales públicos introduzcan mecanismos para evaluar la competencia parental de los padres que maltratan física o psicológicamente a sus hijos para ofrecer a los menores la protección más adecuada.
El doctor en Neuropsiquiatría y profesor de la Universidad Católica de Lovaina aseguró que, según diversas investigaciones, alrededor del 80 por ciento de los padres que maltratan a sus hijos pueden aprender a ser progenitores correctos «siempre y cuando se les pongan los recursos a su alcance», ya que los problemas que pueden presentar pueden ser solucionados con apoyo psicológico y tratamiento terapéutico. Por otro lado, el fiscal y vocal del Consejo General del Poder Judicial Félix Pantoja García consideró que los «problemas de los menores y la defensa de sus derechos no hay que confiarlos a la justicia», pues se trata de un tema de «compromiso ético de la sociedad y de responsabilidad de los tutores y las administraciones públicas».