«Este Govern no podía permitir que la sociedad a la que legítimamente representa olvidase a los que por razones políticas sufrieron privación de libertad durante la dictadura», dijo ayer el president del Ejecutivo balear, Francesc Antich, al dirigirse a las más de 260 presos de la dictadura y sus familiares en el acto de homenaje celebrado en el Palacio de Congresos del Pueblo Español. Los presos de la dictadura, convertidos en héroes en la vejez, recibieron un regalo (un 'pin' del Govern) y merendaron con Antich, el conseller de Presidència, Antoni Garcias, el director general de Relaciones Institucionales, Antoni Reines y el director general de Projectes, Bartomeu LLinás.
Pero la mejor noticia de todas fue el reconocimiento de índole económico a través de ayudas especiales habilitadas por el Govern, que concede hasta 3.902 euros por beneficiario (1.391.290 euros en total). Unas 500 personas se ven beneficiadas de las ayudas concedidas por el Ejecutivo para ampliar la cobertura de las indemnizaciones que el Estado otorgó hace una década. La orden del Govern pretende compensar a los ciudadanos de Balears que hubiesen sido privados de libertad «por actos de intencionalidad política», sin fijar un tiempo mínimo de estancia en prisión. En caso de muerte, el Govern indemniza no sólo a viudos y viudas, sino también a los hijos que tengan alguna minusvalía. Los posibles beneficiarios deberán haber cumplido 65 años el día 31 de diciembre de 1994 y tener residencia en Balears.
«Les Illes Balears quieren asumir su pasado, todo el pasado», dijo Antich, «y dentro del pasado, situar cada hecho, cada persona en el lugar que le corresponde». «Las personas que hace medio siglo defendían la democracia, la cultura, la lengua, la identidad de este país nuestro, fueron perseguidas, encarceladas o asesinadas. Los que destruyeron con la fuerza de las armas aquella legitimidad democrática instauraron una dictadura feroz, que duraría más de cuarenta años», añadió.