El Govern de Balears considera que la gestión del tratamiento de los residuos sólidos es un «asunto de interés general» sobre el que debe tener la última palabra y por ello se ha personado ante el Tribunal Constitucional. Según explicó ayer el portavoz del Ejecutivo y conseller de Presidència, Antoni Garcías, los servicios jurídicos del Govern han considerado que debe defender esta posición en los tribunales y enfrentarse al recurso presentado por 16 ayuntamientos de Mallorca, entre ellos el de Palma.
Así el Govern se personará ante el Tribunal Constitucional en defensa de la ley que permite a instituciones supramunicipales actuar en materia de residuos sólidos en municipios sin la necesidad de autorización, norma contra la que pleitearon los ayuntamientos por considerar que mermaba su autonomía municipal. El portavoz del Ejecutivo, Antoni Garcías, recordó que el Consell de Govern decidió personarse en este conflicto, referido a la Ley 9/2000 del Parlament, que modificaba la 12/1999 de medidas tributarias, administrativas y de función pública y económicas.
El TC comunicó el pasado día 7 que admitía a trámite el conflicto interpuesto por los consistorios de Palma, Llucmajor, Consell, Lloret de Vistalegre, Andratx, Santanyí, Sa Pobla, Bunyola, Campos, Selva, Sencelles, Valldemossa, Deiá, Estellencs, Escorca y Muro por entender que la citada norma invade su autonomía cuando excluye del régimen de licencias, autorizaciones e informes municipales algunas actuaciones en materia de residuos. Los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico argumentan en defensa de la ley, entre otras razones, que la autonomía local «tiene su límite en intereses generales confiados a otras administraciones» y que «contiene adecuada justificación».