El Ministerio de Medio Ambiente ha sacado a concurso público, por un valor total de 200 millones de euros, las cuatro plantas desaladoras que aprobó para Balears (Ciutadella, Alcúdia, Andratx y Santa Eulàlia) pese a contar con la oposición del Govern de les Illes Balears, que da prioridad al aprovechamiento de sa Costera (obra no iniciada, también a financiar por el Ministerio) y a una serie de infraestructuras hidráulicas complementarias para garantizar el suministro de agua.
El valor de las cuatro desaladoras equivale a 3'5 veces el presupuesto de sa Costera y debe ser financiado íntegramente por la Unión Europea. El alto coste de estas plantas de tratamiento se debe a que el concurso incluye su explotación privada durante 15 años con un volumen determinado de agua a suministrar, oscilando entre 10.000 y 14.000 metros cúbicos diarios.
El director general de Recursos Hídrics, Antoni Rodríguez Perea, ha expresado su disconformidad con el procedimiento del Ministerio de Medio Ambiente (dirigido ahora por Elvira Rodríguez tras suceder a Jaume Matas) al considerar que «la aprobación de las desaladoras vulnera el propio Estatut, que atribuye a la Comunitat Autònoma las competencias exclusivas en gestión del agua. Es por ello que vamos a presentar ante el Ministerio un requerimiento al llevar adelante actuaciones sin un acuerdo con el Govern. Si tampoco así hay respuesta, plantearemos un conflicto de competencias».
Rodríguez rechaza que estas desaladoras sean necesarias: «Con sa Costera, cuyas obras no se han iniciado, los pozos que se han abierto en Ciutadella y las nuevas arterias de conducción de agua en Mallorca, en el eje Palma-Alcúdia, y en Eivissa, en el eje Vila-Sant Antoni, es más que suficiente para garantizar el suministro.