El 70% de los menores privados de libertad provienen de Palma, según refleja la Memoria-2002 hecha pública ayer por la consellera de Benestar Social, Fernanda Caro, y la directora general de Menors i Familia, Aina Rado. Ese porcentaje, y el número de menores de otras comunidades, además de menores extranjeros se ha incrementado un 200% respecto a 2001. Con respecto a las otras islas, no hubo ningún joven detenido proveniente de Menorca, y desde Eivissa un solo menor estuvo internado en los centros de Es Pinaret y Es Fusteret el pasado año.
Los menores atendidos en esos centros de Palma fueron 74, frente a los 59 de 2001 y 31 en 2000. Asimismo, 601 jóvenes infractores de Balears -529 en régimen abierto y 74 en situación de internamiento total o parcial- participaron en el año 2002 en los programas sociales y educativos de Benestar Social con la intención de procurar su inserción en la sociedad, explicó Caro. Esta asistencia social se deriva de la aplicación de la Ley Penal Juvenil, aprobada en el año 2000, y su objetivo es ofrecer distintos tipos de tratamiento a los jóvenes que cometen delitos, desde socieducativas, psicológicas o psiquiátricas.
La consellera se refirió a la importancia de la prevención con el fin de evitar coyunturas de conflicto juvenil y, sobre todo, que éstas se conviertan en «crónicas y se transformen en situaciones graves». En el apartado de familia, el programa para familias desfavorecidas y en situación de riesgo atendió a un total de 1.102 gracias a un presupuesto de 765.576 euros, de los que 136.319 euros fueron subvenciones. El programa de mediación -dirigido a atender situaciones de ruptura de parejas- ayudó a 372 familias, al tiempo que el referido a familias monoparentales atendió a 210 familias. Mientras tanto, 97 parejas estables se registraron en 2002 tras las 975 consultas recibidas.