«Si no se quiere mantener una situación endémica de retraso como se viene denunciando reiteradamente, estimamos imprescindible la creación de una Segunda Sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo o, como mal menor, un quinto Magistrado para la misma, y también es importante la creación del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3», señala la Memoria Judicial de Balears-2002. Tras confirmar que el pasado año entraron en las distintas instancias judiciales unos 170.000 asuntos, el documento elaborado con los datos aportados por los presidentes de cada uno de los órganos, define las necesidades «urgentes» de dotar de más medios a la Administración de Justicia de las Islas. La mayoría de las causas que entraron el pasado año se concentraron en los Juzgados de Instrucción (110.438); en Primera Instancia (13.318); Familia (3.572); Social (3.208); Contencioso-Administrativo (2.049); Menores (1.302), Penal (8.642) y Vigilancia Penitenciaria (5.465).
Todo ello genera retrasos en la resolución de los asuntos, especialmente en la Sala de lo Contencioso Administrativo, que «continúa en una situación cuanto menos preocupante, porque el considerable número de asuntos que tramita ha motivado la existencia de un considerable retraso», según el documento.
En ese contexto, la memoria se hace eco de la junta de Jueces de Instrucción celebrada el pasado mes de enero, en la que calificaron de «absolutamente imposible» aplicar la nueva Ley de Juicios Rápidos, que entrará en vigor el 28 de abril, si no se crean seis nuevos juzgados. Ese sistema permitirá a los jueces dictar sentencia en 72 horas en los casos de faltas y en un máximo de 15 días cuando se trate de delitos que requieran una pena no superior a los cinco años. Para poner en marcha este procedimiento, habrá dos jueces de guardia durante las 24 horas del día y las guardias semanales se prolongarán hasta un octavo día, en el que se solapará el trabajo de dos juzgados y uno de ellos se podrá dedicar, exclusivamente, a realizar juicios rápidos.
Las guardias de disponibilidad de los fiscales también se duplican para poder atender a los detenidos, calificar e informar al juez, a fin de que éste pueda dictar las sentencias. Pero, todo ello está supeditado a la creación de seis nuevos juzgados, que a falta de pocos días para la entrada en vigor de la normativa, está muy lejos de alcanzarse.