La entrada en vigor, ayer, de las tasas judiciales planteó diversas dudas entre las empresas, bancos y cajas de ahorros de Balears que están obligados a pagar por pleitear, hecho que no ocurría en el sistema jurídico español desde hace 17 años. El abogado Luis Moyá, asesor jurídico de Sa Nostra, fue el más crítico con la nueva normativa al afirmar que su constitucionalidad «es dudosa». «Si el objetivo que persigue es que se reduzca la litigiosidad, me parece que ese no es el camino, porque ni las grandes empresas, ni los bancos ni cajas de ahorros dejarán de interponer ni un sólo pleito por el hecho de tener que pagar una tasa. Creo, que se trata de una iniciativa más de la Administración de Justicia para buscar vías de financiación alternativas, pero abre, a mi juicio, una puerta peligrosa porque si al principio pagarán las tasas los más poderosos, nadie puede asegurar que al final, que afecte a todos los ciudadanos», señaló.
Sa Nostra era una de las entidades que siempre había estado exenta de abonar tasas judiciales, precisamente, por su condición de entidad sin ánimo de lucro. Así había sido a lo largo de la historia, según recordó el portavoz de la entidad, Gaspar Caballero. Sin embargo, desde ayer, esa excepción no existe, ya que los procedimientos que están gravados pertenecen al ámbito de lo civil y de los contencioso administrativo. En lo civil, la nueva normativa afecta a toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos extrajudiciales; la formulación de reconvención y la interposición de recursos de apelación, extraordinarios por infracción procesal y de casación. Las tasas oscilarán entre 90 y 600 euros, según la clase de proceso que se trate. Pero se pueden modificar esas cantidades, y será el 0,5% si la cuantía del proceso no supera el millón de euros y el 0,25% cuando se supere esa cantidad. En cualquier caso, la cuota a pagar no podrá ser más de 6.000 euros.
«Los empresarios de Balears estamos estudiando esa nueva normativa porque influirá de manera distinta según sea el tamaño de la empresa», dijo el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Josep Oliver. El presidente de la gran patronal expresó sus dudas de que un particular puedan recuperar las cantidades abonadas tras una condena en costas a su favor. Los juzgados de Instrucción de Balears atendieron el pasado año más de 100.000 asuntos, pero es en lo civil donde el «atasco» es más pronunciado, sobre todo, con las causas relacionadas con temas urbanísticos. Sa Nostra, por ejemplo, en época de recesión económica puede alcanzar, en determinados momentos, los mil pleitos.