Las oficinas de atención al público de la Delegación de Gobierno de Balears vivieron ayer una tarde plácida, quizás demasiado tranquila, teniendo en cuenta que entraba en vigor el nuevo horario, de nueve de la mañana a cinco y media de la tarde. ¿Que fue lo que ocurrió? Muy sencillo de explicar, según dijo a este diario el funcionario Francisco Ramis, al que le tocó en suerte inaugurar el horario de atención ininterrumpida. «La gente todavía no se ha enterado de que se le puede atender entre 9 y 17.30 horas, y hemos tenido el mismo volumen de trabajo de otros días, como siempre, concentrado en la franja horaria que va desde las 11.30 a las 12.30 horas, período en que se forman colas de extranjeros, abogados y representantes de gestorías», explicó.
Ramis dijo que habían atendido ayer a unas 200 personas. «Por ahora, no se aprecia un incremento de la actividad por el cambio de horario. Al contrario, creo que muchos vendrán después de las 17.30 horas y se encontrarán con la sorpresa de que todo estará cerrado», señaló. Hasta la semana pasada, los tres funcionarios de la Delegación de Gobierno disponían de dos horas para ir a sus respectivos hogares y comer, ya que las dependencias cerraban entre las 14 y 16.00 horas. Luego, volvían a abrir hasta las seis de la tarde. «Yo, personalmente, no llevo muy bien esto de cambiar de horario porque ahora sólo disponemos de una hora para comer, mientras algún compañero se queda de turno. Supongo que todo será cuestión de adaptarse», indicó. La principal actividad que se desarrolla en las oficinas de la Delegación de Gobierno es la recepción de documentos, renovación de permisos y cualquier documentación dirigida a los departamentos de la Administración pública. El número de expedientes de extranjería tramitados el pasado año en esas dependencias fue superior al de 2001 en todos sus aspectos, incluido el de las expulsiones. Hasta septiembre de 2002 se habían dictado más de 600 órdenes de expulsión. Esa misma cifra se alcanzó durante todo el año 2001. Además, otros 7.000 inmigrantes, de un total de 9.000, lograron regularizar su situación legal por arraigo.Obviamente, según los responsables de la Delegación de Gobierno ello responde a una mayor demanda, no sólo por parte de los interesados sino por la Administración pública, que ha realizado una intensa labor para detectar casos de situaciones de estancia ilegal de extranjeros y su devolución a los países de los que proceden. En el año 2000, la Ley de Extranjería preveía la regularización de más de 4.000 personas que intentaban documentarse desde el año 1999, y en 2001 se abordó la situación extraordinaria de los ecuatorianos que debían regresar a su país para regularizarse a través de un tratamiento extraordinario. En los meses de junio y julio de 2002, se admitieron hasta unas 9.000 peticiones de legalización por arraigo.