El president del Govern, Francesc Antich, y el Conseller d'Innovació i Energia, Príam Villalonga, anunciaron ayer que el Consell de Govern dará hoy el visto bueno al decreto de regulación de los sistemas eléctricos extrapeninsulares, un norma estatal consensuada entre el Gobierno central y los gobiernos de Balears, Canarias, Ceuta, y Melilla, que supondrá para los grandes consumidores del Archipiélago balear un ahorro estimado de 6 millones de euros anuales.
El conseller d'Innovació i Energia explicó que dicho decreto tiene por objetivo garantizar la calidad del servicio y la igualdad de precios a ciudadanos y empresas de los territorios españoles extrapenisnulares, mediante la retribución a las compañías generadoras del diferencial de costes que soportan como consecuencia de la insularidad. Estas ayudas, según dijo el conseller, quedan fijadas por grupos de producción, por lo que varían según su naturaleza y el combustible que utilizan. También establece los canales de instalación de empresas energéticas en dichos territorios.
El cálculo de ahorro para los grandes consumidores de Balears, efectuado por la Conselleria de Energía, se ha basado en datos estadísticos de finales de 2000 que establecían que los grandes consumidores de electricidad de la Península se habían ahorrado en ese ejercicio hasta un 20 por ciento por los descuentos. Villalonga precisó que este dato sólo se podría dar «en el mejor de los casos» y situó la media de ese ahorro «en torno al diez por ciento», que es el tomado por los expertos de la Conselleria para establecer sus cálculos.
En todo caso, una vez aprobado por los gobiernos autonómicos extrapeninsulares, el decreto deberá de contar con el informe jurídico favorable del Ministerio de Economía, otro preceptivo pero no vinculante de la Comisión Nacional de Energía y, finalmente, la aprobación del Consejo de Estado, lo que se traducirá en un retraso de unos 9 meses, según estimó Villalonga, en un proceso que se prolonga desde 1997 cuando se dictó la Ley eléctrica del Estado y acentuado desde el inicio de los procesos de liberalización del sector.