El volumen de carga competencial que están asumiendo los juzgados de Palma es cada vez mayor, por ello, los jueces exigen más medios para poder hacer frente a esa situación. La Memoria Judicial, elaborada con datos que obran en poder del juez decano, Pere Barceló, analiza las situaciones específicas de cada una de los órganos. En los Juzgados de Instrucción, por ejemplo, «es preocupante el continuo aumento de los asuntos que entran, como viene reflejándose en los correspondiente cuadros estadísticos», señala la Memoria. Barceló explica que los Juzgados de Instrucción, «no se han revisado desde 1990, por lo que es necesaria la creación de más órganos judiciales para poder cumplir correctamente el principio de inmediación». Y añade: «Ello, unido al previsible incremento de la concentración de trabajo que durante las guardias provocará la Ley de Juicios Rápidos y a la imposibilidad de que un juez efectúe más guardias de las previstas al mes, pues ello redundaría negativamente en su trabajo ordinario de oficina, ha motivado que la Junta de Jueces de Instrucción solicitara la creación de más juzgados».
En esos juzgados se ha producido un aumento de 800 asuntos en cada uno de ellos, de manera que cada órgano asume ya más de 10.000 asuntos. «Otra cosa es que esos asuntos sean de mayor o menor envergadura, con la importante matización de saber cuántos de ellos están 'vivos'», dijo Barceló.
Los Juzgados de Primera Instancia tienen una problemática marcada por la nueva ley procesal, «positiva», según los jueces, que provoca una sobrecarga en el trabajo de los jueces, que se ha visto mínimamente reducida con la entrada en funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia número 17, «que resulta insuficiente para normalizar la carga competencial de dichos juzgados que se hallan por encima de los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial que los cifró en 720 asuntos de entrada anuales», según la Memoria.
La Junta de Jueces de Primera Instancia de Palma entiende que con la incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), los juzgados deberían registrar un máximo de 650 asuntos anuales, por lo que se reitera la necesidad de creación de más órganos, máxime cuando se aprecia el aumento del número de demandas.
Con respecto a los Juzgados de lo Penal, la Memoria revela que «el escaso incremento de la carga competencial permite mantener por el momento un diagnóstico optimista de dichos juzgados, cuyo volumen de entrada de asuntos se prevé disminuirá con las conformidades que puedan pactarse en aplicación de la Ley de Juicios Rápidos».