El Govern de les Illes Balears aprobó ayer la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra más de 60 artículos de la Ley de Calidad de la Enseñanza al considerar que «el Estado invade competencias que no le corresponden», según informó el conseller de Presidència y portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Garcias. El Govern interpone el recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta ley promulgada por el Ministerio de Educación, que dirige Pilar del Castillo, con el aval de un dictamen jurídico del Consell Consultiu en el que se indica que «en algunos preceptos, el Estado invade competencias que no le corresponden».
Garcías apuntó que «esta ley planteaba problemas desde su concepción, pues no es concebible un cambio del sistema educativo sin un diagnóstico con la participación de los agentes y sectores de la comunidad educativa». Además, según dijo el portavoz, «algunas de las medidas que establece la ley son demasiado simplistas, notándose una elaboración sin contar con las comunidades autónomas. La propuesta del Ministerio no aporta ninguna medida relevante para mejorar la calidad del sistema educativo».
Asimismo, considera que «la Ley de Calidad es la plasmación de una política que pretende, desde la simplificación, la falta de diálogo y una concepción centralista y centralizadora del Estado, la escenificación de una reforma del sistema educativo sin sentido». El Govern cree que «el documento es muy deficitario también desde los aspectos formales, de redacción y de concepción. Es una cortina de humo que pretende una rentabilidad política a corto plazo, con menosprecio hacia lo que dice que quiere solucionar: el sistema educativo».
El Gabinete autonómico sostiene que, como las de otras comunidades, la Administración de Balears «ya ha emprendido iniciativas para responder a la nueva situación». Antoni García señaló que la ley recurrida «no tiene en cuenta a un alumnado diverso con situaciones socioculturales muy diferentes y con unos valores que nada tienen que ver con los habituales en épocas recientes. Las nuevas necesidades de este alumnado no son atendidas por Madrid». Ayer mismo, el conseller d'Educació, Damià Pons, criticó con dureza la ley por entender que impone severos recortes a la enseñanza en catalán.