Jueces de lo Penal e Instrucción de Palma se reunieron ayer en junta para debatir con el juez decano, Pere Barceló, el seguimiento que están realizando de la evolución real de las cargas de trabajo de los juzgados en el marco del Plan de Implantación de Juicios Rápidos, que se pondrá en marcha en todo el Estado a partir del próximo 28 de abril. Ese sistema permitirá a los jueces dictar sentencia en 72 horas en los casos de faltas y en un máximo de 15 días cuando se trate de delitos que requieran una pena no superior a los cinco años.
Jueces, fiscales y abogados consideran que la implantación de los juicios rápidos permitirán agilizar los trámites en los procesos penales de pequeños delitos, especialmente si el delincuente ha sido sorprendido «in fraganti». De esta manera, se resolverán, según las primeras previsiones, entre el 60 y el 70% de los asuntos de los juzgados de Instrucción, lo que permitirá dotar de una mayor rapidez a la Justicia. Para poner en marcha este procedimiento, habrá dos jueces de guardia durante las 24 horas del día y las guardias semanales se prolongarán hasta un octavo día, en el que se solapará el trabajo de dos juzgados y uno de ellos se podrá dedicar, exclusivamente, a realizar juicios rápidos.
Las guardias de disponibilidad de los fiscales también se duplican para poder atender a los detenidos, calificar e informar al juez, a fin de que éste pueda dictar las sentencias. Este reforzamiento del trabajo conllevará una inversión, por parte del Ministerio de Justicia, de 22,3 millones de euros, a los que habrá que unir otro montante económico, aún no especificado, para permitir un acceso informático directo al Registro Central de Penados y Rebeldes.