El proyecto de ley de cupos, que pretende regular el crecimiento urbanístico fijando un tope de licencias urbanísticas en cada municipio de las Islas, quedó ayer prácticamente desmantelado en su primer trámite parlamentario después de que UM se abstuviera en las enmiendas presentadas por el PP, con lo que facilitó su aprobación. Todas las enmiendas del PP eran de supresión de artículos, por lo que el texto aprobado ayer en ponencia no tiene relación con el que envió el Govern al Parlament.
Tanto el PSOE como UM mostraron en la reunión de ponencia su disposición a transaccionar algunas enmiendas que habían presentado los nacionalistas. UM retiró siete de las doce enmiendas presentadas, pero se negó a retirar las otras cinco, que trató de negociar con el Pacte. Por su parte, también el PSOE hizo una oferta de negociación que no fue aceptada por los nacionalistas.
En consecuencia, UM votó a favor de sus enmiendas y se abstuvo tanto en el texto del Govern como en las enmiendas del PP, lo que provocó que se aprobaran las propuestas de los populares, con mayoría en la ponencia, y se suprimieran varios artículos.
Los representantes del Pacte y de UM se acusaron mutuamente de la imposibilidad de acuerdo durante la reunión. Para el socialista Antoni Diéguez, el PSOE hizo todo lo posible por llegar a un acuerdo pero UM se mostró inflexible. El nacionalista Miquel Nadal, por su parte, culpó al PSM de querer presentarse a las elecciones «con un fracaso territorial y en ello han conseguido convencer al PSOE».
Para el portavoz del PSM Antoni Alorda UM votó, en la práctica, a favor del PP y trató de hacer «chantaje» con sus propias enmiendas. Aseguró que se trataba de un hecho «muy grave» y pidió a UM que recapacite y vote en comisión a favor del voto particular del Pacte para tratar de recuperar el texto original de la ley presentada por el Govern en su día.
Por otra parte, aunque también en relación con asuntos territoriales, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha dictado una providencia por la que decide elevar al Tribunal Supremo la aprobación de la moratoria por parte del Consell Insular d'Eivissa i Formentera. El TSJB ha aceptado de esta forma el recurso de casación presentado por el Grup de Consellers Populars de este Consell, lo que significa que previsiblemente adoptará la misma resolución ante recursos similares presentados en Mallorca y en Menorca por ayuntamientos del PP y por promotores afectados por el parón urbanístico.