La economía española, como la del conjunto de Europa, no está atravesando su mejor momento precisamente y el Gobierno ha decidido llevar a cabo una reforma del IRPF para intentar que los ciudadanos dispongan de algo más de efectivo a fin de mes con la esperanza de que lo destinen al consumo. Es una vieja maniobra que suele funcionar para reactivar la economía cuando ésta decae por la razón que sea.
Según las previsiones oficiales, 17 millones de trabajadores y pensionistas comprobarán en unos días cómo su nómina sube en unos cuantos euros gracias a esta rebaja de impuestos directos, que ha sido posible por la política de saneamiento de las cuentas públicas emprendida por el Ejecutivo.
Pese a lo positivo que una medida como ésta puede suponer para el común de los trabajadores y pensionistas, que verán aumentar su poder adquisitivo, aunque sea levemente, desde el sindicato Comisiones Obreras se ve la decisión como una «engañifa» meramente electoral, porque la política económica del Gobierno durante los últimos ejercicios no ha conseguido más que destruir empleo estable y precarizar las condiciones del mercado laboral.
Lo cierto es que, por los motivos que sean, las cuentas no cuadran para la mayoría y es una situación que se ve agravada por la situación prebélica, que ha disparado el precio del petróleo -lo que hace presagiar subidas de impuestos indirectos y de algunos precios relacionados con el transporte y la energía-, y la aparición de nuevos escándalos financieros -que vuelven a hundir las bolsas-, con la consiguiente preocupación para el ahorrador medio. Un panorama que, ciertamente, no se resolverá con una única medida, por muy favorable que sea.