El cierre del diario «Egunkaria», ordenado desde la Audiencia Nacional por el juez Juan del Olmo, ha provocado un alud de dudas que deberían quedar resueltas con celeridad. Porque en un Estado democrático la clausura de un medio de comunicación es siempre una medida grave de carácter excepcional y, si recordamos lo que ocurrió con «Egin» hace cinco años, no parece que la Justicia tenga demasiada prisa por aclarar las cosas cuando un lustro después no hay todavía sentencia firme.
Las circunstancias ahora son quizá más delicadas, pues «Egunkaria» es el único periódico del mundo editado íntegramente en euskera, por lo que su cierre significa un duro golpe a la defensa de la lengua y la cultura vascas.
Así las cosas, hay que exigir al poder judicial que acelere los trámites para verificar si, en efecto, las sospechas sobre una presunta participación de ETA en la financiación del diario -o viceversa- tienen algún fundamento porque, de lo contrario, el daño infligido a la libertad de expresión y a la pluralidad informativa en el País Vasco sería irreparable.
Y habría que reclamar además explicaciones creíbles sobre el hecho de que la nota de prensa hecha pública para informar de este asunto viniera firmada por el juez Del Olmo y el Ministerio del Interior, algo insólito en una democracia que respeta la separación de poderes.
No podemos justificar la comisión de un delito amparándose en la cultura, en la lengua o en la libertad de expresión, pero tampoco tendría justificación una medida tan drástica en el caso de no haber pruebas contundentes que deberían ponerse de inmediato en conocimiento de la ciudadanía para descartar cualquier tentación de manipular un asunto que algunos consideran ya una «persecución a todo lo vasco».