El titular del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Palma ha desestimado un recurso presentado por la sindicatura de la quiebra de la compañía aérea European Region Transport System SA (ERA) en contra de ocho accionistas de la empresa, a quienes reclamaba 820.000 euros (unos 137 millones de pesetas).
La quiebra de ERA exigía a Saburdi S.L. 5 millones de pesetas; a José Manuel Sánchez de la Loma (15); Saski Basconia SAD (15); Tuboplast Hispania S.A. (25); Celaya Emperanza y Galdos S.A. (25); Hotel San Diego S.A. (10); H.N. Medica S.L. (15), defendida por el abogado Jaime Rodríguez Vinyals; Miguel José Company (15); Talleres Orfe S.L. (12). Todo ello por un supuesto incumplimiento del desembolso efectivo de los importes del capital ampliado el 12 de agosto de 1999. El juez señala en la sentencia que la aportación realizada por José Company Salaverría «cumple los requisitos temporales establecidos en el artículo 132 del Reglamento del Registro Mercantil», mientras el resto, «si bien se constata que existe un desfase entre el ingreso de aquellas cantidades en la cuenta de la sociedad, ello no implica que dichas aportaciones no tuvieran por objeto el desembolso, anticipado del capital ampliado». La compañía ERA, en cuyo accionariado participaban las sociedades de capital mallorquín Rustic Consulting Promociones y Proyectos Aeronáuticos Baleares SA, inició su andadura a principios de 1999 con dos aviones reactores Embraer 145. Su capital social ascendía a 300 millones de pesetas y en su accionariado también participaba capital vasco. ERA nació con el deseo de establecer rutas con todos los aeropuertos españoles, entre ellos Son Sant Joan, y para ello sus directivos habían establecido acuerdos con el Govern que entonces presidía Jaume Matas, aunque éstos no llegaron a cristalizar. Los empresarios de Mallorca que poseían el 70% del capital social de ERA vendieron esa participación accionarial en el año 2000.