La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) registró en 2002 un total de 52 reclamaciones de abogados por honorarios no abonados por sus clientes, frente a los 30 casos denunciados en 2001, con un aumento en ese apartado del 73%. Los que se denomina como jura de cuentas consiste en que los letrados que llevan un procedimiento judicial pueden recurrir según lo estipulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), y a través del mismo juzgado que lleva el asunto, los abogados están facultados para reclamar lo adeudado por sus clientes.
El decano del Colegio de Abogados de Balears, Joan Font, explicó a este diario que la jura de cuentas se ciñe «de forma exclusiva a los procedimientos judiciales, excluyendo al resto», y destacó que la entidad no lleva una estadística de honorarios sin abonar.
«El Colegio de Abogados solo tiene constancia de esas situaciones cuando el letrado emplea el procedimiento que tiene a su alcance, el cliente lo impugna al juzgado y éste nos da traslado para que emitamos un dictamen», dijo Font. «Si no hay oposición del cliente», subrayó, «el asunto no llega nunca a conocimiento del Colegio».
Por otra parte, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJB dictó un total de 1.072 sentencias, resolvió 1.473 recursos e intervino en 134 apelaciones en 2002.
El secretario de la Sala, Ramón Reig, reiteró que lo Contencioso Administrativo está «colapsado» ante la avalancha de asuntos que cada día entran, y por ello, reiteró la necesidad de reforzar las distintas salas. Señaló, en ese contexto, que se había solicitado la creación de una nueva Sección, que apoye a la que existe con el mismo número de magistrados. «Las tramitaciones de los asuntos son muy largas, se pide mucha prueba, tanto pericial como testifical, y eso alarga los asuntos de forma excesiva, todo ello, sin contar con otro tipo de trabajo, como la de atender la extensísima correspondencia, cumplimentar los exhortos y atender al teléfono», dijo Reig.
La Sala de lo Contencioso- Administrativo, asimismo, debe pronunciarse sobre cuestiones muy complejas, como los asuntos relacionados con el urbanismo, cuya resolución lleva mucho tiempo.
Todo ello, a la espera de que empiecen a entrar los recursos que presentarán los hoteleros de Balears en contra de la implantación por parte del Govern de la ecotasa, el impuesto que pagan los turistas por pernoctar en las Islas.