El presidente Aznar ha querido dejar atrás la imagen de falta de iniciativas que se ganó a raíz de la crisis dePrestige y ha decidido emprender una «catarata» de medidas encaminadas a recuperar el pulso de la nación. Ayer anunció que una futura ley dejará «bien sentado y claro» que las pensiones no contributivas -aquellas que perciben quienes no han cotizado el tiempo suficiente- serán «las mismas para todos los españoles», evitando así «privilegios o diferencias» entre comunidades autónomas. Aznar planta así cara a las autonomías gobernadas por partidos de izquierdas que mejoraron esas pensiones en contra la voluntad del Gobierno.
Realmente, hablar de privilegios cuando se trata de pensiones no contributivas es poco adecuado. Si algunas autonomías -entre ellas Balears- decidieron aumentar las pensiones no contributivas era porque resultaban del todo insuficientes. Y cabe recordar que el Tribunal Constitucional ha dado la razón a la Junta de Andalucía, que fue la primera autonomía que aplicó esta medida.
Aclarado este punto, es de cajón que no deben existir agravios entre ciudadanos de un mismo país, pero si los ha habido la culpable ha sido la Administración central, a la que ha faltado sensibilidad para con los ciudadanos menos favorecidos. Si ahora se van a mejorar esas pensiones para todos, se habrá llegado tarde pero se habrá corregido un error.
Luego está el asunto del cómputo -en la actualidad se tienen en cuenta los últimos quince años- a la hora de calcular la cuantía de una pensión. El Gobierno quiere reparar otra injusticia que dejaba desamparados a aquellos españoles que habiendo trabajado durante muchos años no lo hacían en los años previos a la jubilación y no tenían derecho a una pensión. Es una iniciativa realmente acertada. De todos modos, habrá que estudiar la propuesta del Gobierno para que nadie salga perdiendo.