La polémica ponencia «Relaciones entre los parlamentos autonómicos y el Poder Judicial» dividió ayer a los presidentes de parlamentos autonómicos reunidos en Palma y obligó a retocar alguna de las conclusiones iniciales que proponía la ponencia. En su lugar se optó por una solución genérica que deja en cada una de las cámaras legislativas la decisión soberana en caso de que se produzca algún conflicto.
La ponencia, elaborada por el presidente canario José Miguel Bravo de Laguna (PP), no se ceñía exclusivamente a la decisión del juez Garzón de exigir la disolución del Grupo Parlamentario de Batasuna en los parlamentos vasco y navarro. También mencionaba conflictos entre el poder legislativa y el judicial en las cámaras de Asturias y Castilla-León.
Sin embargo, las diferencias entre los presidentes de parlamentos vinieron debido a la diferente solución al problema que plantearon los parlamentos vasco y navarro. Mientras el primero hizo caso omiso de la exigencia judicial, el segundo sí disolvió el grupo Batasuna y reintegró a sus componentes en el Grupo Mixto.
El presidente navarro, José Luis Castejón (PSOE), aseguró ayer que la decisión del juez Garzón no suponía una injerencia en la soberanía parlamentaria ya que fue la propia Junta de Portavoces del Parlamento la que tomó la decisión de disolver el Grupo. Castejón recordó además la obligación constitucional de los parlamentos de hacer caso a los autos judiciales.
Esta postura no fue compartido ni por el ponente ni por los presidentes balear y vasco, Maximilià Morales y Juan María Atutxa, respectivamente. Para el primero de ellos, la decisión del juez de pedir la disolución del grupo fue una clara injerencia del poder judicial en el legislativo. Morales recordó que el propio fiscal general del Estado dio la razón al Parlamento vasco y consideró que es esencial mantener la separación de poderes y que legislativo y judicial no interfieran.
Para Juan María Atutxa, la decisión del juez Garzón cometió un «error» porque mezcló una medida cautelar hacia un partido político, en esta caso Batasuna, con un grupo parlamentario, que está separado de una formación política. Para Atutxa, el rechazo de su cámara legislativa a aplicar el auto de Garzón fue una defensa «de la independencia y la capacidad autoorganizativa que tiene la institución parlamentaria». Morales también se refirió a la decisión del fiscal general del Estado de respaldar el acuerdo del Parlamento vasco.
Atutxa aseguró que la ponencia del presidente de Canarias era razonable y consideró que «en buena lógica» debe entenderse la separación que existe entre una formación política y un grupo parlamentario. «No podemos dejar que se entre en nuestras instituciones aterrizando en competencias que no son propias al Poder Judicial», señaló.
El ponente, José Miguel Bravo de Laguna, consideró que debe ser una decisión de la Mesa del Parlamento la de suspender a un grupo de la Cámara. A la vista de los problemas suscitados, anunció que propondrá en el Parlamento canario que la ilegalización de un partido acarree directamente la disolución del grupo.