El Ajuntament de Palma tuvo que pagar en 2002 la cantidad de 1'2 millones de euros en indemnizaciones a los ciudadanos por accidentes en la vía pública. Dicha cantidad triplica la cifra pagada por este mismo concepto por el Consistorio en 2001, montante que ascendía a 378.000 euros. La Regidoria encargada de controlar todos estos pagos es la de Hisenda, y la partida que los recoge es la de «daños públicos», si bien es la Regidoria de Contractació i Govern Interior, y en concreto el Àrea de Patrimoni, la responsable de su tramitación, seguimiento o de presentar los recursos cuando Cort no está conforme.
El término «daños públicos» engloba, entre otras situaciones, los daños sufridos por un ciudadano tras una caída debida a desperfectos en la vía pública, así como otros accidentes causados por obras, por daños a vehículos estacionados en la calle, por pérdida de animales, por humedad o por daños a otros edificios. En definitiva, Cort pagaría por los daños públicos causados, de una forma u otra, a terceros.
Fuentes de Hisenda del Ajuntament de Palma señalaron, no obstante, que existen diversas posibilidades a la hora de saber quién tiene la responsabilidad última del daño causado y por tanto del pago correspondiente. «De todas formas hay que diferenciar entre el número de demandas y las cifras que nos piden, por una parte, y la cantidad final que paga Cort, por otra», recordaron dichas fuentes.
Si una persona sufre una lesión por culpa de las obras que una empresa privada realiza en una calle, un parque o un edificio, la responsabilidad del pago recae sobre la empresa, si bien el Ajuntament de Palma es responsable de manera subsidiaria. Otra posibilidad es que la persona se caiga en la vía pública porque, por ejemplo, hay un adoquín en mal estado o un socavón. En casos así, el responsable es únicamente el Consistorio.
También es posible que Cort haya recepcionado una obra, por ejemplo, un parque o un edificio, y que un ciudadano se lesione porque los trabajos no se hicieron bien. En una situación como ésta, Cort indemniza al ciudadano, pero exige responsabilidades a la empresa que realizó la obra por no haberla hecho en principio de forma adecuada.