El conseller d'Agricultura, Mateu Morro, y el subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Manuel Lamela, firmaron ayer el convenio para poner en marcha en Balears el Plan Nacional de Regadíos, que prevé hasta 2008 una inversión en las Islas de casi 36 millones de euros, a repartir al 50 por ciento entre ambas Administraciones, para actuar sobre un total de 6.781 hectáreas.
Entre los objetivos que se marca el convenio, se encuentran: optimizar el riego con el agua disponible y mejorar los regadíos ya existentes; fomentar la incorporación de nuevas tecnologías; contribuir a la recuperación de acuíferos sobreexplotados o con riesgo de salinización; y propiciar transformaciones de superficie de secano en regadío aprovechando las aguas depuradas o mediante la sustitución del uso para riego agrícola del agua de pozos por agua regenerada.
El Plan Nacional de Regadíos prevé para Balears dos tipos de actuación: el programa de consolidación y mejora, y el programa de regadíos sociales. El primero se dirige a la mejora de los sistemas de regadío ya existentes para optimizar el riego con agua disponible. Este objetivo se conseguirá a través de la reparación de estructuras hidráulicas, la modificación del sistema de transporte y distribución, cambios en el sistema de aplicación del riego y otras actuaciones complementarias.
En este primer programa se ha planificado una actuación sobre una superficie de 4.531 hectáreas con un presupuesto de 11'7 millones de euros. Los municipios donde se actuará son los siguientes: Capdepera, Felanitx, Sóller-Fornalutx, Manacor, Banyalbufar, Estellencs, Alaró, Bunyola, Lloseta, Palma, Pollença, Ariany, sa Pobla y ámbitos plurimunicipales de Menorca y Eivissa.
El segundo programa, regadíos sociales, se dirige básicamente a la ejecución de obras que propicien la transformación de superficie de secano en regadío mediante la instalación de sistemas de riego con aguas regeneradas o la sustitución de riego con agua subterránea por agua depurada. El programa de regadío social afectará a 2.250 hectáreas y supone una inversión pública de 24 millones de euros.