TOMEU GARCIES
El 80% de las instalaciones de cariz agropecuario de las Illes
Balears, que hasta el momento se encontraban en una situación de
irregularidad administrativa, quedarán reguladas de forma legal, a
partir del próximo año 2003.
Así lo prevé en una disposición adicional, la ley de acompañamiento de los presupuestos generales de la Comunitat aprobada por el Parlament balear. Esta nueva medida afectará desde las vaquerías hasta las granjas de cerdos o aves, siempre que estén abiertas como mínimo desde hace cinco años.
El texto legal aprobado en el Parlament estipula que las explotaciones agropecuarias inscritas en los registros de la Conselleria d'Agricultura y que no dispongan de licencia municipal quedarán exentas de obtenerla .
La actual legislación establece que sólo pueden establecerse instalaciones agrarias, caso de las propias granjas, en lugares que se encuentren alejados más de un kilómetro de cualquier núcleo urbano. Lo cierto, no obstante, es que la ley no determina en concreto qué se considera un núcleo urbano.
Así, el gran problema con el que han tenido que enfrentarse los payeses durante las últimas décadas ha sido el importante crecimiento urbano de algunos pueblos y, sobre todo, la masiva edificación a las afueras de los nucleos urbanos con la aparición de nuevas urbanizaciones, en muchos casos ilegales y a las cuales después se ha dado cobertura legal.
Con esta situación explotaciones casi centenarias se han encontrado, de un día para otro, en una situación irregular, ya que estas urbanizaciones se han situado próximas a las granjas.Amparándose en la ley, los ayuntamientos pueden otorgar la licencia en las instalaciones sin tener en cuenta el criterio de distancia que obliga a cumplir la administración sanitaria. No hay ninguna obligación legal que diga que la Conselleria de Salut tiene que hacer la correspondiente inspección.
Con todo, este permiso municipal sin el visto bueno de la Conselleria de Salut no da ninguna garantía ni cobertura legal completa, por ejemplo, frente a la denuncia del vecindario por motivos de malos olores.
Los payeses que no disponían de todas las licencias legales de apertura en sus explotaciones, no podían acceder a buena parte de las subvenciones procedentes de la Unión Europea.