El hecho de que el Tribunal Constitucional (TC) haya desestimado el recurso presentado por el Gobierno central contra la subida de las pensiones no contributivas aprobado por la Junta de Andalucía en el año 1999 ha sido muy bien recibido por el Govern, tal y como confirmó ayer el propio president Francesc Antich, al afirmar que «parece que el Constitucional ha dado la razón a la Junta de Andalucía en cuanto a las ayudas a los complementos dados a las pensiones no contributivas, lo que quiere decir que los dos recursos interpuestos contra el Govern también acabarán igual».
Y si es así, apuntó Antich «el Govern tenía toda la competencia y la razón y no incumplía ningún precepto constitucional a la hora de ayudar a la gente que tiene dificultades para poder llegar a fin de mes» y añadió que debido a los recursos «el Govern cambió de sistema e implantamos la tarjeta básica para poder ayudar a esta gente que tanto lo necesita. Ni a nivel constitucional y por tanto, tampoco a nivel competencial parecía muy lógico que todo un Estado se opusiera a una iniciativa que era tan necesaria para gente que lo pasa mal», apuntó Antich.
El president dijo que «una vez más, el Govern tiene la razón y una vez más el Estado se ha equivocado en cuanto al recurso» y explicó que cree que el Constitucional «que no es el Estado» también dará la razón al Govern, puesto que «si el TC ya ha fallado a favor de esta iniciativa, no sería lógico que con unos recursos idénticos el fallo no fuera el mismo», comentó.
Antich se mostró crítico con el Ejecutivo central apuntando que «he dicho en muchas ocasiones que, a la hora de darnos dinero, el Gobierno central nos suele dar entre el 1 y el 2 por ciento del presupuesto que distribuyen y a la hora de ponernos recursos de inconstitucionalidad los últimos años nos tocaban aproximadamente un 30 por ciento» y dijo que «a la hora de dar ayudas a las Islas, nos tocaba un 2 por ciento como máximo y a la hora de repartirnos palos, alrededor de un 30 por ciento», lo que según el president, deja clara «cuál ha sido la actitud del Gobierno del Estado con respecto al Govern balear».
«No se entiende que todo un Gobierno del Estado recurra una cuestión como ésta, que es la de ayudar a una gente que lo necesita, pero tampoco no se entiende que recurra la Llei de Consells Insulars, cuando se trata de una herramienta de organización interna de una comunidad autónoma, sin hablar de otras cuestiones como la Llei de Comerç o la ecotasa», dijo el president.