Nuevamente la mayoría absoluta de que disfruta el Partido Popular en el Congreso le ha permitido sacar adelante prácticamente en solitario una importante iniciativa que nos afectará a todos de forma palpable en el futuro. Se trata de la discutida Ley de Calidad de la Enseñanza que diseñará el modelo educativo por el que se regirá nuestro país en adelante, siempre que el PP siga gobernando.
Porque en asuntos de este calado, los que se suelen llaman de interés general, corren así el riesgo de permanecer en pie mientras dure el Gobierno que los sustenta y caer roto en mil añicos en cuanto la oposición alcance el poder. Lo cual, desde luego, resultaría nefasto no para los políticos, sino para los escolares que, a la postre, serán quienes decidan cómo va a ser este país cuando dejen de ser niños y adolescentes para convertirse en jóvenes y adultos.
Que en toda Europa y en Estados Unidos las cifras de fracaso escolar son tan escandalosas como aquí es algo conocido. Y que la tan cacareada LOGSE que impuso el socialismo español ha sido un fracaso en muchos aspectos, lo admiten incluso ellos. La urgencia de reformar el sistema la reclamaba la sociedad entera. Y de ahí la necesidad de buscar el consenso, el acuerdo, el tira y afloja tan útiles en política para alcanzar una ley que satisfaga a todos los partidos y, por ende, a todos los ciudadanos. Se ha perdido esa oportunidad y se han impuesto las tesis de un Gobierno que ha sido criticado por ello y al que estudiantes, profesores y sindicatos le han contestado en la calle. No es bueno gobernar en contra de muchos, aunque a uno le respalde una holgada mayoría y más cuando las competencias en esta materia están transferidas a las comunidades.