El «caso Formentera», la supuesta trama de captación irregular de votos organizada, al parecer, por el PP para ganar las elecciones en esa isla en 1999, acabará en la Audiencia Nacional si en el transcurso de las diligencias que debe desarrollar el juez instructor, Antoni Monserrat, se imputa a los agentes consulares en Argentina. Si se intuye la posibilidad de que hubo delito en la inscripción de 74 ciudadanos argentinos con raíces baleares, entonces, la competencia pasaría de forma automática al juzgado central.
De hecho, el juez de instrucción de la Sala número 2, que fue el primero en investigar si se inscribió de forma improcedente a 74 argentinos en el censo electoral de Formentera, se inhibió en el año 2000 ante la Audiencia Nacional de Madrid, al entender que «el delito era competencia de esa instancia». El juez basaba la petición de transferencia de competencias en que el delito se cometió fuera de las Illes Balears y que por ello no puede ser juzgado en el archipiélago.
El Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares recurrieron el auto de inhibición del juez, y fue la Audiencia Provincial de Palma la que resolvió que el asunto debería sustanciarse en los tribunales de Balears. En las Islas solamente se pueden instruir los delitos que se hayan cometido en el archipiélago, por lo que si se demuestra que se ha cometido en otro sitio, como puede ser Argentina o en un consulado, la competencia ya no es de Balears sino que pasaría inmediatamente al juzgado central.