A partir del 1 de enero de 2003, Balears pagará la electricidad más cara que la Península al entrar en vigor la liberalización del mercado continental español para los usuarios, que podrán escoger y contratar su suministrador y comercializador en función de precios y servicios, como ocurre desde hace años con la telefonía.
Las comunidades extrapeninsulares (Balears, Canarias, Ceuta y Melilla) quedan fuera de los beneficios de esta medida, ya que se encuentran en una situación de monopolio fáctico. El Gobierno central no ha aprobado todavía el llamado «decreto de extrapeninsulares», que es el que debe regular las compensaciones a las empresas productoras de electricidad en estas comunidades (por el sobrecoste al que se ven sometidas) y las mismas condiciones de precio y servicio de los usuarios respecto a los de la Península.
El president del Govern, Francesc Antich, y el conseller d'Innovació i Energia, Príam Villalonga, expresaron ayer su indignación «por el perjuicio, la discriminación y el recorte de competitividad que supone para los ciudadanos y las empresas de Balears no poder disponer de estas ventajas. No es victimismo. Es una realidad como un templo».
Antich recordó que, ya en el año 2000, el ministro de Economóa, Rodrigo Rato, le remitió una carta en la que indicaba que el decreto de extrapeninsulares era una cuestión que había sido «retomada». El president destacó que «estamos a finales de 2002 y este tema todavía no se ha solucionado, en un ejemplo claro de incompetencia. No hay respuestas a nuestra singularidad energética por una clara falta de capacidad». Antich anunció que intentará un nuevo contacto con Rato.
Villalonga lamentó que «el Gobierno central haya paralizado la planificación energética de Balears con la justificación de elaborar nuevos estudios y, de momento, no ha hecho nada. Lo que sí sabemos es que un doble cable eléctrico con la Península costaría del orden de 500 millones de euros, el doble de la inversión prevista para el gasoducto».
Antich y Villalonga vincularon directamente esta situación a la exclusión de Balears de la planificación energética estatal. La inclusión del proyecto del gasoducto balear en esta planificación «fue paralizada a instancias del PP balear, pero la verdad es que la comunidad autónoma que presentó el plan energético propio con mayor antelación y más completo desde el punto de vista técnico fue la nuestra porque este Govern fue capaz de hacerlo y de cumplir con su deber».