P. CANDIA/J. MESTRE/N. DOMBLAS
La Sala de lo Civil y Penal del TSJB dictó un auto ayer en el que
revoca por segunda vez el archivo del «caso Formentera», la
supuesta trama electoral organizada por el PP para ganar las
elecciones autonómicas celebradas en esa isla en 1999. El principal
argumento esgrimido por los magistrados Francisco Javier Muñoz,
Antonio Capó (ponente) y Miquel Masot, presididos por Angel
Reigosa, se basa en la posible inscripción anómala en el Registro
del Censo Electoral de los emigrantes de Balears radicados en
Argentina.
Por ello, ordenan al juez Monserrat que investigue las circunstancias sobre la inscripción en el censo de Formentera y la tramitación del voto de ciudadanos residentes en ese país sudamericano con derecho a votar en Balears. Los magistrados estiman las demandas de las acusaciones particulares (PSIB-PSOE, EU y PSM) para que se lleven a cabo nuevas peticiones de documentación, se recaben más testimonios en España y se organice una comisión rogatoria que tome declaración en Argentina a algunos de los emigrantes baleares o descendientes.
En esa línea, los magistrados apuntan que se admitieron reclamaciones sin comprobar si los solicitantes contaban con la documentación preceptiva y que no se ha aclarado la existencia de «bajas por duplicado» posteriores a las elecciones de 15 de las personas inscritas. Además, el auto detalla la existencia de un documento con indicios de haber sido manipulado, de peticiones de altas y bajas en el censo realizadas de forma simultánea en el caso de 50 personas, «lo que parece denotar una operación «sistemática» cuyo alcance y significado ni se comprende ni ha sido investigado», y de inscripciones en el censo balear de personas nacidas o con ascendientes naturales de lugares como Zamora o León.
Por todo ello, se ordena al juez instructor que tome testimonio a varios responsables de la Oficina del Censo Electoral en Baleares, encabezados por su delegado, Joan Ordinas, que se envíe una nueva comisión rogatoria a Argentina y que testifiquen las autoridades consulares españolas y otras muchas personas citadas en la causa.
En relación al auto, el Partido Popular opinó que la decisión judicial «no hace más que retrasar un poco más lo inevitable: el archivo del caso ante la evidencia de que no se ha producido ninguna actuación contraria a la ley». De esta manera se pronunciaron Joan Flaquer, portavoz del PP en el Parlament, y José María Rodríguez, secretario general de los populares. «La situación no ha cambiado para nada en el PP ya que sigue creyendo en la inocencia de sus altos cargos», recalcó Flaquer, quien recordó que el auto «no cita en ningún momento a Jaume Matas».