J.J.S./EFE
El conseller d'Agricultura, Mateu Morro, entregó ayer al ministro
de Agricultura, Miguel Arias Cañete, las consideraciones de Balears
sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y un informe
anexo sobre los costes de la insularidad para el sector primario.
Este mismo informe será entregado hoy y mañana en Bruselas a
diversas autoridades comunitarias, como el director general de
Agricultura de la Comisión Europea, Silva Rodríguez.
Entre las medidas que propone la Conselleria se encuentra declarar todas las Islas zonas desfavorecidas e incluir los territorios insulares en el Objetivo 1. Morro explicó ayer que su departamento ha elaborado un informe en el que se ponen de manifiesto los «agravios» que sufre el campo balear por el hecho insular, que contribuyen a «obstaculizar el desarrollo socioecónomico y empresarial de las Islas. El estudio evidencia que los sobrecostes por el hecho insular son especialmente significativos en el caso del transporte».
Así, el coste de transportar un contenedor de mercancías de 40 pies desde Maastrich hasta Balears es de 4.585 euros, una cantidad que supera el que soportan islas vecinas como Córcega o Cerdeña (3.321 y 4.030 euros, respectivamente), dobla el de la media de las 15 capitales europeas (2.290) y se asemeja al de la isla ultraperiférica de Martinica, en el Caribe, que alcanza los 4.775. Estas últimas islas gozan de un coste menor gracias a las subvenciones estatales, «mientras que el Régimen Especial Balear se encuentra en una fase de desarrollo muy precaria».
La cuestión de los costes de transporte, que en resumen son 2'5 veces más elevados que en la media de las quince capitales de la UE, es especialmente importante si se tiene en cuenta que la dependencia del exterior del sector agrario balear supera el 40 por ciento. Además, dificultan la exportación de los productos baleares.
En el informe se abordan también otras cuestiones que suponen una «clara desventaja competitiva» para Balears, como por ejemplo la mayor presencia de prácticas de oligopolio a causa del carácter fragmentado de los mercados insulares y de las reducidas dimensiones de las empresas que los conforman, y el acceso limitado o imposible a las infraestructuras estatales.