El académico y profesor titular de Derecho Penal de la UIB, Gabriel Garcías, no es partidario de endurecer las penas a los autores de delitos urbanísticos, ya que considera que las penas privativas de libertad de hasta tres años en vigor actualmente «ya son suficientes». «Soy contrario al endurecimiento de las penas en todos los delitos», señaló poco antes de dictar la conferencia «Infracciones urbanísticas y derecho penal», que inauguró anoche el Curso Académico de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Balears en la sede del Colegio de Abogados.
Un numeroso público siguió la disertación de Gabriel Garcías, en un solemne acto al que asistieron, entre otros, el presidente del TSJB, Àngel Reigosa, el fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, y el ex presidente del Congreso de los Diputados, Félix Pons. Gabriel Garcías centró su exposición en los denominados delitos contra el territorio. Es a partir del Código Penal de 1995 donde por primera vez se recoge ese tipo de delitos ante lo que el académico considera «el fracaso del derecho administrativo o de los ayuntamientos».
Para ello, citó como ejemplo el hecho de que «se puede llegar desde Palma a Andratx sin ver el mar». «Precisamente, para regular la ordenación del territorio se han creado estos delitos en los artículos 319 y 320 que recogen distintos supuestos. No es que hayan suplido el derecho administrativo, sino que recogen los casos más intolerables, más graves. También se ha recogido una conducta que es de los funcionarios o de las autoridades que informan favorablemente de proyectos de edificación o de concesión de licencias sabiendo que son contrarios a las normas urbanísticas vigentes. También castiga a aquellos órganos colegiales que resuelvan o voten a favor de su concesión sabiendo que son injustos. Todo esto lo castiga el Código Penal con penas de hasta tres años de prisión», dijo.