PILAR RIPOLL
El Ministerio de Justicia ha mostrado su interés por adquirir parte
del hospital militar de Palma para emplazar la futura sede central
de la Fiscalía, ya que su ubicación actual, en el Tribunal
Superior, es insuficiente. El pasado lunes, el director general de
Relaciones con la Administración de Justicia, Carlos Lesmes, visitó
el hospital militar acompañado del fiscal jefe del TSJB, Bartomeu
Barceló, según confirmaron fuentes de este ministerio. No obstante,
Barceló declaró ayer que «de momento no hay nada», ya que todavía
la Administración no ha tomado ninguna decisión firme.
Lesmes no se desplazó a Palma expresamente para estudiar alternativas para la Fiscalía insular, sino que participó en unas jornadas sobre administraciones públicas, pero aprovechó el viaje para estudiar futuros emplazamientos para el colectivo de fiscales. Las mismas fuentes ministeriales aseguraron que todas las propuestas son estudiadas por una comisión de expertos, entre los que se encuentran arquitectos y técnicos, que valoran las posibilidades de los edificios ya existentes que sean propiedad de las administraciones para emplazar nuevos servicios.
«El objetivo es aprovechar la infraestructura existente a fin de que pueda negociarse el traspaso de un ministerio a otro, o que sean patrimonio del Estado, aunque quien tiene la última palabra en las adjudicaciones es la Agencia Tributaria», explicaron desde Madrid. Por su parte, fuentes del Ministerio de Defensa señalaron que las conversaciones entre los ministerios para negociar los traspaso de propiedades se realizan en Madrid. En el caso del hospital militar, el responsable es la Gerencia de Infraestructuras, un organismo autónomo de Defensa, que es el que formaliza los acuerdos con otras administraciones.
Fuentes consultadas por este diario indicaron que no se descarta que el hospital militar pueda ser compartido por la Fiscalía y por la Consejería de Salud. Asimismo añadieron que es previsible que en el momento en que se traspase la competencia de Justicia a la Comunidad Autónoma la Fiscalía ya disponga de un edificio propio, lo que supondrá eliminar una inversión a la hora de cuantificar la dotación presupuestaria que tiene que acompañar esta transferencia.