P. CANDIA/J.F. MESTRE
El esperado juicio del «caso Brokerval», considerado el mayor
escándalo financiero de Balears, puede que no llegue a celebrarse
si prospera una gestión emprendida por los abogados de los
principales acusados con el fiscal de la causa, Joan Carrau, para
conformarse a cambio de una reducción de las penas. El juicio está
fijado para el próximo día 9 de diciembre en la Sección Primera de
la Audiencia de Palma, más de ocho años después de que la ex
agencia de valores fuese declarada en quiebra por el juez. La causa
ha acumulado 80.000 folios y se prevé que presten declaración 160
testigos en una vista que puede prolongarse durante más de dos
meses con sesiones diarias.
La denominada «cúpula» de Brokerval "Francisco Berga, Francisco Tous y Guillermo Coll" ya obró de idéntica forma al conformarse en el «caso Palma I», un supuesto delito fiscal en la compraventa de los terrenos de Son Fuster, donde se levanta la sede de Sa Nostra, y pactar penas mínimas con las acusaciones, representadas por el Ministerio Fiscal y el letrado del Estado. El fiscal Joan Carrau ha admitido que se han puesto en contacto con él para negociar la conformidad en el «caso Brokerval», pero reitera que deberán cumplirse una serie de requisitos para que ello suceda.
En su escrito de acusación contra los directivos que formaban la cúpula de la agencia de valores Brokerval, el fiscal plantea una acusación por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento oficial contra siete directivos de la agencia. Solicita, en ese contexto, una condena de quince años de prisión (once por apropiación y cuatro por falsedad) contra Francisco Berga, máximo responsable de Brokerval, que antes de que se destapara el escándalo huyó a Panamá, donde fue detenido y más tarde deportado a España. Idéntica pena de cárcel solicita contra los otros dos máximos directivos de la agencia, Francisco Tous y Guillem Coll.
Contra los otros acusados, Jaime Lerín, Fernando Mulet, Miguel Seguí y un empleado de la agencia, el fiscal también reclama que se determine su responsabilidad penal en el escándalo económico. Contra estas cuatro personas el fiscal pide penas de prisión mayor, superiores a los seis años de cárcel. El extenso escrito del fiscal detalla cada una de las operaciones delictivas que se cometieron en la agencia de valores. Carrau cifra en unos 600 millones de pesetas el dinero que perdieron los clientes que habían invertido sus ahorros en la agencia.