El Consell de Mallorca estudia la posibilidad de blindar la primera moratoria de la institución por medio de la cual se desclasificaron en el año 1999 un total de 76 urbanizaciones en la Isla. La propuesta fue presentada ayer oficialmente en la Comissió Insular d'Urbanisme por parte del representante del PSM, Antoni Alorda, a la vista de una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJB) en contra del Consell y a favor de uno de los promotores afectados.
La sentencia es similar a todas las que se han venido dictando hasta la fecha y asegura que el Consell no tenía competencias para acometer la suspensión de planeamiento que afectó a todas estas urbanizaciones. El CIM ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo tras cada una de las sentencias en contra. En el recurso se especifica que la Ley de Ordenación del Territorio aprobada tan sólo un año antes, en 2000, sí faculta a los Consells a adoptar este tipo de decisiones.
La sentencia conocida ayer tiene la particularidad de que recoge esta precisión del Consell y precisa que la moratoria podría ser aceptada por los tribunales en caso de que la institución la ratifique con un acto administrativo, es decir, con un acuerdo adoptado por el pleno. Se trata de blindar la moratoria para evitar que futuras resoluciones judiciales obliguen al Consell a pagar indemnizaciones por desclasificar unos terrenos sin que, en aquellos momentos, tuviera las competencias para ello.
Desde que salió la primera sentencia contraria a los intereses del Consell, el PSM pidió a sus socios de Pacte ratificar la moratoria con un nuevo acuerdo de pleno. La propuesta ha sido rechazada sistemáticamente por UM, pero la precisión de la última sentencia ha provocado este cambio de actitud. El vicepresidente del Consell, Miquel Nadal, señaló, en cualquier caso, que esta propuesta debe estudiarse con detenimiento. «Hay que estudiarlo en profundidad para evitar problemas posteriores como los que nos encontramos en estos momentos», dijo.