El jefe de la Demarcación de Costas de Balears, Fernando Garrido, negó ayer que la modificación de la Ley de Costas, que previsiblemente estará ultimada antes de que termine el año, suponga un cambio sustancial en la Ley, sino que sólo se introducirán «pequeños retoques» para aclarar aspectos confusos. En ese sentido añadió que uno de los aspectos en los que se modifica la ley es en el de la posibilidad de edificación en la zona de servidumbre de protección marítimo terrestre, cuestión que antes se recogía en el Reglamento de la Ley y con la reforma tendra rango de ley, y se pretende aumentar el carácter restrictivo en la edificación en esa zona.
«Hay que evitar que surjan nuevas fachadas de edificación a menos de veinte metros de la zona de servidumbre marítimo terrestre, porque aunque ése era el espíritu de la ley, quizás en la redacción anterior no quedaba suficientemente claro», indica Garrido. La modificación de la Ley de Costas obedece también a la necesidad de adaptarse a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la distribución competencial, que el Gobierno «acepta íntegramente», afirma Garrido, la cual reconoce las competencias de las comunidades autónomas, y también de Balears, en la ordenación del litoral, y obliga a la Administración central a adaptarse a lo que determinen los instrumentos de planificación del territorio.
«El Gobierno central seguirá respetando esas competencias de las comunidades en ordenación del litoral», afirma Garrido, y añade que si en un lugar concreto los instrumentos de planificación del territorio no han sido determinados, «entonces los trámites de concesiones que realice Costas deben tener en cuenta los informes de los ayuntamientos y la comunidad autónoma, porque es un procedimiento reglado basado precisamente en los informes de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos».