El número de expedientes de extranjería tramitados en este año en Balears ha sido superior al de 2001 en todos sus aspectos, incluido el de las expulsiones. Según confirmó ayer el secretario general de la Delegación de Gobierno, Rafael Salaberri, poco antes de intervenir en una mesa redonda sobre la Ley de Extranjería en el Colegio de Abogados, hasta septiembre de 2002 se habían dictado más de 600 órdenes de expulsión. Esa misma cifra se alcanzó durante todo el año pasado. Además, otros 7.000 inmigrantes, de un total de 9.000, lograron regularizar su situación legal por arraigo.
«Obviamente" dijo Salaberri "esto responde a una mayor demanda, no sólo por parte de los interesados sino por la Administración pública, que ha realizado una intensa labor para detectar casos de situaciones de estancia ilegal de extranjeros y su devolución a los países de los que proceden». Recordó que hasta septiembre, se habían tramitado más de 600 órdenes de expulsión en Balears, «pero eso no significa que se hayan ejecutado todas, ya que depende de que se pueda localizar a las personas que están afectadas por ese expediente y que tienen todas las garantías en los procedimientos para defender sus intereses, incluso acudiendo a la vía judicial», dijo.
«Hay casos en que los propios afectados piden ser expulsados, ya que no pueden pagarse el viaje de regreso a su país», añadió. En el año 2000, la Ley de Extranjería preveía la regularización de más de 4.000 personas que intentaban documentarse desde el año 1999, y en 2001 se abordó la situación extraordinaria de los ecuatorianos que debían regresar a su país para regularizarse a través de un tratamiento extraordinario. En los meses de junio y julio, se admitieron hasta unas 9.000 peticiones de legalización por arraigo que han sido resueltas en su práctica mayoría.