El president del Govern, Francesc Antich, manifestó ayer que el recurso que prepara la Conselleria d'Interior en relación a la sentencia del TSJB que ha anulado parte de las 387 plazas de libre designación para funcionarios «intentará dar una explicación clara de las razones que justifican la necesidad de éstos cargos». Según Antich, de la resolución se desprende que el Govern «no ha explicado de forma satisfactoria por qué se crean estos puestos de trabajo, razón por la cual Interior intentará explicarlo delante del tribunal».
En el mismo sentido se manifestó ayer el director general de la Funció Pública, Jaume Colom, quien confirmó que en el recurso contra la sentencia, el Govern razonará los puestos de trabajo de libre designación. Colom cuantificó en 88 los funcionarios afectados, mientras que Comisiones Obreras aumentó esta cifra hasta 110. Colom quiso «relativizar la importancia de la sentencia», y la enmarcó dentro de la campaña de los comicios sindicales en la Administración autonómica. Según el director general de Funció Pública, la resolución no discute la legalidad del sistema de libre designación, «sino que sólo es que no encuentra justificación suficiente para una serie de plazas».
Jaume Colom adelantó que se han producido otras dos modificaciones posteriores del catálogo de puestos de trabajo de la Comunitat Autònoma por la vía de la libre designación, que están también impugnadas. El director general recordó que en casi cuatro años sólo se había contabilizado una sentencia desfavorable en cuestiones de personal, en lo que se refiere a la bolsa de interinos, y dijo que con las oposiciones, los concursos de traslado, la objectivización de las comisiones de servicios y la funcionarización de los trabajadores laborales, «el clima general es positivo para los funcionarios».
Según dijo el director general de Funció Pública, en estos momentos puede hablarse de paz social en la Administración autonómica, después de las protestas de los trabajadores del sector producidos a finales del año pasado. No piensa así el sindicato Comisiones Obreras (CC OO), que impugnó la modificación de catálogo. El secretario general de la Federación de Administraciones Públicas, Fernando González, criticó el modelo del Govern «que es diferente a su discurso político», al tiempo que pidió su modificación.