Los poderes públicos de Balears deberán arbitrar soluciones realistas en relación al fenómeno de la inmigración. Este es uno de los puntos que se incluyen en la declaración instuticional aprobada ayer por el Parlament, y que fue suscrita por todos los grupos políticos. Después de dedicar muchos minutos a analizar la situación de la inmigración en Balears, todos los grupos parlamentarios plantean ahora la necesidad de «facilitar la integración armoniosa de los recién llegados a nuestra realidad social, cultural y lingüística, garantizando en todo momento sus legítimos derechos como ciudadanos y exigiendo el cumplimiento de sus deberes como miembros que son de nuestra Comunitat a todos los efectos».
La declaración institución estaba firmada, en representación de sus respectivos grupos, por González Ortea, Andreu Crespí, Joan Bosco Gomila, Miquel Ramón y Maria Antònia Munar. La declaración plantea que la inmigración «es un fenómeno social que afecta al conjunto de las sociedades occidentales avanzadas». «En última instancia, responde a la aspiración irrenunciable de las personas en buscar un futuro mejor y, en consecuencia, es un derecho de todos los seres humanos, sin más limitaciones que las que fija la legalidad vigente», señala el texto aprobado por la Cámara.
El Parlament entiende que Balears ha recibido durante los últimos años «un importante flujo migratorio que, a diferencia de otras comunidades, tiene un importante componente de ciudadanos peninsulares y de otros países de la Unión Europea». «Este flujo migratorio es el efecto y no la causa de nuestra dinámica económica», subraya el documento ratificado por la Cámara balear. El Parlament considera que las sociedades receptoras de inmigrantes, como es el caso de Balears, tienen la obligación de establecer mecanismos de integración reales, efectivos, respetuosos con la diversidad cultural o religiosa y que permitan que los inmigrantes puedan formar parte, de manera normalizada, de la sociedad balear entendida como un cuerpo social abierto y plural. Esta integración sólo puede hacerse, según los grupos parlamentarios, «desde el respeto escrupuloso e irrenunciable al marco normativo vigente y a los principios que inspiran nuestro ordenamiento jurídico».