El pacto balear contra la violencia doméstica nació sin el apoyo de la Fiscalía de Balears, circunstancia que ha generado una gran polémica entre el resto de instituciones públicas y entidades que lo apoyan. El fiscal jefe de las Islas, Bartomeu Barceló, explicó ayer a Ultima Hora que el Ministerio Público de las Islas había decidido posponer la firma al documento porque desea que los datos que se obtengan de cada caso pertenezcan de forma exclusiva al ámbito judicial.
Es decir, que no se compartan con otras entidades ajenas a ese sector. El protocolo, como se sabe, marca la vía a seguir en los casos de malos tratos en el ámbito del hogar. Se trata de una iniciativa apoyada por el Govern, la Delegación de Gobierno, las consellerias de Salut y Benestar Social, el Institut de Reinserció Social, jueces y abogados. Los fiscales lo firmarán cuando se aclare la interpretación que hacen de quienes deben tener acceso a los datos.
Además, la judicatura balear sigue muy de cerca la posibilidad de que los casos de violencia doméstica también puedan ser objeto de juicios rápidos, debido, sobre todo, a la reiteración de esa forma delictiva. Como se sabe, jueces y fiscales han registrado un aumento de más del doble de casos de denuncias por maltrato familiar en Balears. Los juicios rápidos en casos de pequeños delitos como robos, hurtos o también para casos de violencia doméstica permitirán juzgar a los delincuentes en pocos días, circunstancia que según el juez decano de Palma, Pere Barceló, «es la dirección adecuada en lo que es nuestro marco competencial».